Estados Unidos abre su primera puerta legal a las criptomonedas mientras Europa refuerza la suya
En medio de la vorágine informativa sobre disputas comerciales y aranceles, algo significativo ocurrió casi desapercibido en Washington: el gobierno de Estados Unidos aprobó a principios de abril su primera ley específica sobre criptomonedas. Se trata de una norma que deroga por completo una exigencia fiscal impuesta a las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) (Algo ha pasado desapercibido en plena tormenta arancelaria: EEUU acaba de firmar su primera ley cripto). Con esta jugada, la Casa Blanca da un giro hacia la desregulación del mercado cripto, enfatizando la libertad financiera y buscando incentivar la innovación tecnológica, en contraste con el enfoque más intervencionista de Europa.
EE. UU.: adiós a las restricciones fiscales para DeFi en pos de la innovación
La nueva ley cripto estadounidense, respaldada por el Congreso y promulgada por la administración Trump, revierte una norma del IRS (agencia tributaria de EE. UU.) que obligaba a las plataformas DeFi a reportar transacciones y datos de usuarios como si fuesen bancos tradicionales. Dicha regla había sido impulsada en 2021 bajo el mandato de Joe Biden, buscando que los proveedores de monederos y otras plataformas no custodias informaran regularmente de las ventas de activos digitales al fisco, equiparándolas a las obligaciones de los brókers financieros convencionales. La intención original era aumentar la transparencia fiscal en un sector opaco y “hacer frente a los riesgos… de los activos digitales” según defendía entonces la Casa Blanca de Biden.
Ahora, cuatro años después, Washington cambia de rumbo. La administración actual calificó aquella normativa de “obstáculo burocrático” para el sector y decidió eliminarla de raíz. En efecto, la resolución firmada por el presidente Trump en abril suprime la obligación de las plataformas descentralizadas de recopilar y reportar directamente información de sus usuarios al IRS. Cabe subrayar que esto no exime a los inversores individuales de declarar sus ganancias por criptomonedas —la responsabilidad fiscal personal permanece intacta—, pero sí libera a los intercambios descentralizados y proveedores de wallets de actuar como informantes automáticos al gobierno.
Defensores de esta medida sostienen que alivia cargas regulatorias innecesarias y protege la privacidad, creando un entorno más propicio para el desarrollo de proyectos cripto en Estados Unidos. “El IRS DeFi Broker Rule obstaculizaba innecesariamente la innovación estadounidense, infringía la privacidad de los estadounidenses y estaba destinada a abrumar al IRS… Al derogar esta regla, el presidente Trump y el Congreso han dado al IRS la oportunidad de volver a centrarse en los deberes… que ya tiene… en lugar de crear una nueva serie de obstáculos burocráticos”, afirmó el congresista Mike Carey al celebrar la decisión. Este mensaje resume la visión del ala desreguladora: menos trabas equivalen a un ecosistema más libre para la experimentación financiera. En sintonía con esa filosofía, tras la aprobación de la ley se observó un pequeño repunte en el precio de Bitcoin y otras criptodivisas, interpretado por analistas como señal de optimismo del mercado ante un marco más liviano.
No obstante, la jugada de EE. UU. ha generado también interrogantes. La norma que se deroga buscaba atajar la evasión fiscal en un ámbito notoriamente difícil de supervisar. Críticos de su eliminación advierten que sin reportes obligatorios será más complejo detectar ganancias no declaradas o movimientos ilícitos. Aun así, el ambiente político en Washington parece decantarse por no ahogar a la industria cripto en esta etapa. De hecho, el presidente Trump hizo campaña prometiendo ser un “presidente cripto” y revertir las medidas consideradas como una “ofensiva” regulatoria de su antecesor (Trump’s World Liberty Financial crypto venture to launch stablecoin | Reuters). Esta primera ley cripto cumple en parte con esa promesa, priorizando el ímpetu innovador sobre el afán de control.
Mirando al futuro, la administración estadounidense ya ha dado pistas de sus próximos pasos. En una “criptocumbre” celebrada en la Casa Blanca el 6 de marzo, el Secretario del Tesoro, Scot Bessent, subrayó que fortalecer el papel del dólar como moneda global pasa por apoyar las stablecoins (criptomonedas vinculadas 1:1 al dólar). Las stablecoins, al evitar la volatilidad típica de otros criptoactivos, son vistas por Washington como una herramienta para reforzar la hegemonía del dólar y modernizar las finanzas. No es casualidad que una empresa vinculada a la familia Trump anunciara a finales de marzo el lanzamiento de USD1, una stablecoin respaldada por dólares y deuda estadounidense. Este interés directo desde las más altas esferas ilustra cómo EE. UU. busca fomentar la innovación tecnológica financiera, incluso con proyectos privados de alto perfil, mientras define su estrategia cripto. La apuesta norteamericana, por ahora, combina señales de libertad de mercado (menos obligaciones regulatorias) con un impulso a iniciativas que integren las criptomonedas en su ecosistema económico en términos favorables (como stablecoins ancladas al dólar).
España y la UE: regulación estricta, transparencia y supervisión para un mercado seguro
El enfoque europeo hacia las criptomonedas contrasta marcadamente con el viraje desregulador de EE. UU. España y sus socios de la Unión Europea han optado por un marco regulatorio integral y precautorio, que prioriza la transparencia, la supervisión financiera y la protección del usuario, buscando a la vez no frenar la innovación sino encauzarla de forma segura. El hito más notable en este sentido es la aprobación de MiCA (Markets in Crypto-Assets), la primera normativa comunitaria específicamente diseñada para criptoactivos, cuyo texto final fue acordado en 2022 y entró en vigor en 2023 (Europa ya es la 1ª jurisdicción importante con ley de criptoactivos). Gracias a MiCA, Europa se convirtió en la primera gran jurisdicción con una ley marco para las criptomonedas, adelantándose regulatoriamente a Estados Unidos. Esta normativa cubre aquellos criptoactivos que hasta ahora no estaban bajo leyes financieras tradicionales, estableciendo reglas comunes en todo el bloque para la emisión de tokens, la prestación de servicios con criptoactivos y la protección de los inversores. En esencia, se exige transparencia y divulgación de información en las operaciones, autorización previa para los proveedores de servicios y una supervisión unificada del mercado, incluyendo la regulación de ofertas públicas de criptoactivos (ICO) y normas contra abusos como la manipulación de mercado.
Bajo MiCA, por ejemplo, cualquier plataforma de compraventa o custodia de criptomonedas (CASP, en la jerga comunitaria) deberá registrarse ante las autoridades y aportar datos precisos de su identidad y actividad si quiere operar en territorio comunitario. También se aplicará la llamada “regla de viaje” a las transferencias de criptoactivos: los datos sobre el origen y el destinatario de cada transacción deberán “viajar” con la operación y estar disponibles para las autoridades, especialmente en movimientos de importe elevado, igual que ocurre en transferencias bancarias tradicionales. Adicionalmente, la UE ha puesto topes y salvaguardas a sectores como las stablecoins (limitando, por ejemplo, el volumen diario de transacciones de las stablecoins referenciadas al euro para evitar riesgos sistémicos). Todo este entramado normativo viene acompañado de estrictas exigencias anti-blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo, alineadas con las recomendaciones internacionales del GAFI (Grupo de Acción Financiera) (Las normas de la UE para las criptoactividades tendrán un impacto global). En suma, Europa ha construido un escudo regulatorio alrededor del mercado cripto, buscando integrar estos activos en el sistema financiero formal con garantías similares a las de otros productos financieros.
España, por su parte, ha sido partícipe activo de esta agenda regulatoria y ha reforzado incluso algunas obligaciones de transparencia a nivel nacional. A partir de 2024 entró en vigor en España una norma fiscal que obliga a todos los residentes a declarar ante Hacienda sus tenencias de criptomonedas en el extranjero cuando superen los 50.000 euros (Fiscalidad de los criptoactivos en España: la obligación de declarar las tenencias – Funcas), utilizando el nuevo modelo 721. Esta medida, enmarcada en la Ley contra el Fraude Fiscal, pretende aflorar patrimonios digitales no declarados, emulando la ya existente obligación de declarar bienes en el extranjero. Del mismo modo, las empresas que operan con criptoactivos en España están sujetas a informar al fisco sobre los saldos y operaciones de sus clientes – los exchanges deben reportar a través del modelo 173 las conversiones entre criptomonedas y dinero fiduciario, y los servicios de custodia mediante el modelo 172 las tenencias en monederos digitales. Nunca antes el ecosistema cripto había tenido un escrutinio semejante en el país. Además, el regulador bursátil español (CNMV) desde 2022 impone reglas a la publicidad de criptoactivos, exigiendo incluir advertencias sobre riesgos y notificando con antelación las campañas publicitarias masivas, para garantizar claridad y protección al inversor en la información que recibe. Estas iniciativas nacionales complementan el marco europeo y demuestran el compromiso de España con un sector fintech innovador, pero bien supervisado.
Las motivaciones detrás de la estrategia regulatoria europea las resumió el eurodiputado alemán Stefan Berger, artífice de MiCA, al calificarla como “un hito para la industria cripto”. En el mismo sentido, figuras del sector destacan que “MiCA trae un paquete de medidas para permitir y apoyar el potencial de las finanzas digitales en términos de innovación y competencia” dentro de un entorno controlado. Es decir, la UE aspira a un equilibrio entre innovación y seguridad. “La Ley MiCA es un paso audaz hacia un entorno regulatorio sólido y coherente… Esta iniciativa refleja el compromiso de Europa de crear un ecosistema financiero que combine innovación con integridad y seguridad”, opinó Vicente Romero, director de una plataforma cripto española, al analizar la evolución normativa (Regulación criptográfica en España: «Uno de los hitos más notables es la reciente implementación de la Ley MiCA», según analista). En otras palabras, las autoridades europeas sostienen que una regulación clara puede fomentar la adopción tecnológica responsable, al dar certidumbre jurídica a empresas e inversores (quienes sabrán a qué atenerse) y al filtrar actores maliciosos del mercado. Por supuesto, existe un delicado equilibrio: demasiada rigidez podría ahuyentar emprendimientos hacia jurisdicciones más laxas, mientras que poca supervisión —como temen algunos que ocurra en EE. UU. tras la reciente ley— puede minar la confianza si proliferan fraudes o quiebras sonadas.
Enfoques opuestos: libertades vs. controles, y su impacto en la innovación
A continuación, comparamos punto por punto la reciente ley cripto de EE. UU. y la legislación vigente en España/UE, evidenciando sus diferencias clave:
- Filosofía regulatoria: Estados Unidos ha optado por un enfoque liberal o de no intervención en este episodio, reduciendo requisitos legales para las plataformas cripto con la idea de no entorpecer el mercado. En cambio, la Unión Europea adopta una postura proactiva de regulación, creando un marco detallado (MiCA) que incorpora a las criptomonedas bajo la órbita de la ley financiera. Donde EE. UU. ve un mercado emergente que necesita libertad para crecer, Europa ve un ámbito disruptivo que debe integrarse con reglas antes de que crezca descontrolado.
- Requisitos de transparencia: La nueva ley estadounidense elimina obligaciones de reporte: ya no se exigirá a las plataformas DeFi entregar datos de usuarios y transacciones al fisco automáticamente. En contrapartida, la normativa española y europea impone amplias exigencias de transparencia. Por ejemplo, los proveedores de servicios cripto en la UE deben registrarse e informar de su actividad a las autoridades competentes, y las transferencias de fondos digitales llevan aparejada información identificativa bajo la regla de viaje. En España, incluso los particulares y exchanges tienen deberes formales de declarar tenencias y movimientos al regulador tributario. Esto refleja que, mientras EE. UU. relaja la obtención de datos por parte del Estado en aras de la privacidad y la agilidad empresarial, Europa exige mayor trazabilidad y publicidad de la información para prevenir la opacidad financiera.
- Supervisión financiera: Actualmente, el ecosistema cripto en EE. UU. carece de un supervisor único y de un marco integral, quedando la vigilancia repartida entre agencias como la SEC, CFTC, IRS y autoridades estatales, con cierta ambigüedad sobre competencias. La nueva ley no crea un nuevo supervisor, sino que más bien limita la injerencia del IRS en el mundo DeFi. Por su lado, Europa articula una supervisión más centralizada y preventiva: las autoridades europeas (como la Autoridad Bancaria Europea y los reguladores nacionales) tendrán potestad directa sobre emisores de tokens y proveedores registrados bajo MiCA, verificando que cumplan requisitos de solvencia, gobierno corporativo y gestión de riesgos. En síntesis, EE. UU. apuesta por la autorregulación del mercado con intervenciones puntuales, mientras que la UE establece un cordón regulatorio con supervisión continua para evitar sobresaltos y responder rápidamente ante eventuales crisis en plataformas cripto.
- Impacto en la innovación: La libertad regulatoria en EE. UU. busca funcionar como un imán para startups de blockchain, desarrolladores de DeFi y emprendedores fintech, al reducir costes de cumplimiento normativo y dar rienda suelta a nuevos modelos de negocio. Esta flexibilidad podría traducirse en una ventaja competitiva para Silicon Valley y otros hubs estadounidenses, facilitando la experimentación con menos miedo a barreras legales. De hecho, varios actores de la industria aplauden la medida por “dar un respiro” al sector y mantener a EE. UU. en la carrera de la innovación financiera. En cambio, el marco europeo, más exigente, podría enlentecer ciertas iniciativas o elevar el listón de entrada para pequeños proyectos, debido a los costos de cumplir con licencias, auditorías y reportes. Algunos críticos temen que innovadores europeos migren hacia jurisdicciones más benignas si perciben excesiva burocracia. No obstante, la UE confía en que una regulación clara también incentiva la innovación a largo plazo, al brindar estabilidad y confianza a los inversores tradicionales y al público. Como señaló Vicente Romero, se trata de combinar innovación con seguridad, y esa seguridad jurídica podría hacer de Europa un terreno fértil para innovaciones más sólidas y confiables, en el que las empresas serias puedan prosperar bajo reglas del juego bien definidas. En última instancia, el tiempo dirá cuál de los dos enfoques atraerá más desarrollo tecnológico: el dinamismo un poco “salvaje” del modelo estadounidense o la “innovación responsable” que propugna Europa.
En conclusión, la reciente ley cripto de Estados Unidos marca un giro histórico en la política económica del país hacia las monedas digitales, inclinando la balanza hacia la libertad de mercado y el fomento de la innovación por encima de la vigilancia fiscal inmediata. Mientras tanto, España y la Unión Europea avanzan con una receta distinta: regulación rigurosa, transparencia obligatoria y supervisión constante, confiando en que estas herramientas aporten confianza y estabilidad a un sector financiero emergente, sin ahogar el progreso tecnológico. Ambos modelos persiguen, en el fondo, un equilibrio entre aprovechar las ventajas de la revolución cripto y contener sus riesgos. El debate sobre cuál es el camino óptimo —mano libre o mano guiada— está abierto, y seguramente el mundo observará de cerca los resultados en uno y otro lado del Atlántico. Por ahora, lo cierto es que la brecha regulatoria se ha ensanchado: Wall Street apuesta por las oportunidades y Bruselas por la seguridad. Las empresas cripto y los inversores globales calibrarán sus próximas decisiones en función de estas diferencias, sopesando dónde la innovación encuentra terreno más fértil y dónde se sienten más protegidos. En este nuevo capítulo de la economía digital, Estados Unidos y Europa ofrecen dos visiones distintas para un mismo fenómeno, y su convivencia marcará el rumbo del dinero del siglo XXI.